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31 de agosto (CIJG).- Para el ex prefecto de La Paz Mateo Laura, el gobierno de 2003 no aceptó la desmilitarización, agravando la situación que terminó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, pese a la iniciativa que Laura tomó para apaciguar el bloqueo campesino, logrando una negociación con su sector.

Ayer, además de Laura, declararon dentro del juicio por Octubre Negro, otros ex jefes militares con los que a la fecha ya van 316 personas que testimoniaron dentro de este proceso, entre víctimas y testigos.

Relató que el 30 de septiembre de 2003, en su condición de Prefecto logra una negociación con un grupo de campesinos declarados en huelga de hambre en Radio San Gabriel, uno de los sectores conflictivos, pero el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no aceptó levantar a las Fuerzas Armadas de las carreteras y se frustró toda la negociación.

17 de agosto (CIJG).- El ex alcalde de La Paz Juan del Granado, uno de los testigos que siguió de cerca el conflicto de septiembre y octubre de 2003, en su condición de Alcalde, dijo que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, desechó toda posibilidad de diálogo y, a cambio, impuso una "máquina de matar" para aplacar la movilización que finalmente logró su renuncia.

Del Granado vino a declarar a convocatoria del Ministerio Público como uno de los más de 300 testigos, que a la fecha contaron su versión ante el Tribunal de Juicio.

09 de agosto (CIJG).-La Fiscalía General del Estado solicitó el lunes la detención preventiva en la cárcel de San Roque de dos ex autoridades del alto mando militar, involucrados en el caso Octubre Negro del 2003.

Se trata del ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Roberto Claros, y el ex jefe de Estado Mayor, Gonzalo Rocabado, quienes son acusados por haber cometido delitos de lesa humanidad y por la destrucción de documentos en 2003.

Las declaraciones de las victimas por la masacre de septiembre y octubre de 2003 continúan en la Corte Suprema de Justicia de Sucre. Entre el 22 y 23 de junio se hicieron presentes ocho testigos. En la jornada del martes 22 de junio declararon cinco, cuatro víctimas de octubre en El Alto y el ex diputado de la Nueva Fuerza Republicana, Wilson Weimar Magne Hinojosa.

El miércoles 23 de junio declararon en Sucre en el Juicio de Responsabilidades tres testigos: Germán Rolando Loza Aguirre, quien en el 2003 era presidente de la Asociación de Surtidores de La Paz (ASOSUR), Elizabeth Valentina Blanco Hilario que fue golpeada por efectivos militares y madre de un niño que fue víctima de un balín, y la entonces investigadora de la división homicidios de la PTJ de La Paz (Policía Técnica Judicial) Inés Natalia Peñaranda Morales, que fue la testigo número 272 en prestar su declaración en el proceso.

El lunes 14 continuaron los testimonios, después de una semana sin audiencias debido a que la conjueza Maldonado pidiera permiso por motivos personales. Declararon el ex presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), de la ciudad de El Alto Mauricio Cori Huanca, José Víctor Kuno Ramos y el ex jefe de redacción del semanario Pulso Mario Gustavo Guzmán Saldaña, estos testimonios se sumaron a otros que destacaron la responsabilidad militar en las masacres.

El lunes 31 de mayo prosiguieron las audiencias del juicio oral, declararon José Volkmar Fernando Barragán Bauer, que fue Viceministro de Servicios Básicos durante el último Gobierno de Sánchez de Lozada y cuatro víctimas de las acciones de represión.

Entre el 11 y el 17 de octubre de 2003 tuvo a su cargo el monitoreo del funcionamiento y operación de los servicios públicos de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, al respecto dijo que estos servicios no sufrieron ningún tipo de atentado y que no se ordenó el resguardo militar de esas instalaciones.